El pasado 30 de noviembre el área de Issues Legales de LLYC celebró una jornada de debate sobre juicios paralelos con destacadas figuras del mundo periodístico y jurídico.
El evento de Issues Legales se celebró en nuestras oficinas en Madrid y se retransmitió en streaming para los asistentes en remoto.
Alba García, Directora del área de Issues Legales, moderó el debate, que contó con ponentes de excepción del mundo jurídico: Milagros Calvo, exmagistrada del Tribunal Supremo en la Sala de lo Social, Joaquín Burkhalter, socio de derecho penal económico en Cuatrecasas, Carolina Pina, Socia de IP, Sports & Entertainment en Garrigues y Natalia Gómez, Socia de Derecho Procesal y Arbitraje en Freshfields BD. Del lado periodístico, la mesa se completó con la interesante visión de grandes profesionales como Cristina Gallardo, Jefa de Tribunales en El Periódico de España, Ángela Martialay, Jefa de Tribunales en El Mundo y Pedro del Rosal, redactor jurídico en El Confidencial.
La primera pregunta era obligada: ¿hasta qué punto influye la presión social y mediática en la resolución de un juicio?
La exmagistrada Milagros Calvo fue contundente con su opinión al respecto: “Si un juez se deja influir por la presión mediática o de la opinión pública podemos llegar a hablar de prevaricación. Ningún médico se dejaría influir por la opinión pública para diagnosticar una dolencia y un juez, tampoco”.
De acuerdo con Calvo, un juez no puede dejarse influir por la opinión pública, una opinión compartida por todos los ponentes, que alabaron la profesionalidad de los jueces en nuestro país. Sin embargo, Alba García (LLYC) expresó desde su experiencia en Issues Legales la sensación de que, si bien no hay un impacto en las sentencias, la presión social sí influye en detalles como los plazos de decisión, la elección de la sala o las notificaciones, un sentimiento compartido por Ángela Martialay (El Mundo).
Ángela Martialay, Jefa de Tribunales en El Mundo
Para ella, el caso de La Manada es un claro ejemplo de cómo no sólo la presión social, sino también la presión política, está transformando la legislación española: “El mismo día que salió la sentencia de La Manada, sin que hubiera trascendido aún en su totalidad, el gobierno anunció que reformaría el código penal”.
¿Es compatible el derecho a la información con la presunción de inocencia?
El debate se centró en una interesante discusión planteada por Alba García (LLYC) sobre los conflictos que genera el derecho a la información, y su papel en los llamados juicios paralelos, cuando choca con la obligada confidencialidad de las actuaciones judiciales para proteger la presunción de inocencia.
Como resaltó Joaquín Burkhalter (Cuatrecasas), la ley marca que la investigación es secreta y sólo puede ser conocida por las partes, que están obligadas a guardar confidencialidad. Sin embargo, son las propias partes las que a menudo filtran información. Es más, las informaciones que se filtran no se pueden tutelar porque la ley protege a las fuentes aunque la persona afectada sufra un perjuicio, tal y como señaló Carolina Pina (Garrigues).
Carolina Pina, Socia de IP, Sports & Entertainment en Garrigues
Por otra parte, los abogados no siempre pueden contestar a las preguntas de los periodistas porque estarían infringiendo su obligación a la confidencialidad, necesaria para proteger el derecho al trabajo o el desarrollo de la personalidad del afectado, cuya vida y profesión se ven a menudo influidas por lo que publican los medios sobre el proceso. Natalia Gómez (Freshfields BD) fue un paso más allá y propuso una reflexión sobre la necesidad de que un juicio sea público en la nueva era digital donde todo queda registrado.
Sin embargo, el periodista no está sujeto a esta confidencialidad y su trabajo es precisamente enterarse de lo que ocurre de puertas para dentro. En palabras de Cristina Gallardo (El Periódico de España): “Es bueno que el proceso sea público, la justicia no puede estar detrás de un velo hasta que haya sentencia”.
Ángela Martialay añadía, además, que el derecho a la información es un derecho constitucional y fundamental en una sociedad democrática. No obstante, no es absoluto y los periodistas están sujetos a una ética profesional y a un rendimiento de cuentas en la medida en que sus informaciones deben ser veraces. El problema, según Joaquín Burkhalter, es que un periodista puede publicar sobre una investigación sea su contenido veraz o no.
“No es el trabajo del periodista investigar si una investigación tiene fundamento o no, pero la mera publicación sobre una investigación en partes muy prematuras del proceso ya genera un daño reputacional, personal y profesional al afectado que es difícil de revertir”- Joaquín Burkhalter, Cuatrecasas.
De hecho, todos coincidieron en que las sentencias absolutorias apenas trascienden a los medios. A esto se le añade, como enfatizó Natalia Gómez, “el problema de que no todo el mundo tiene el mismo interés mediático ni sus mensajes se escuchan con el mismo protagonismo”.
Natalia Gómez, Socia de Derecho Procesal y Arbitraje en Freshfields BD
Como periodista, Pedro del Rosal reconocía que aunque el derecho a la información es incuestionable, los medios vulneran a menudo la presunción de inocencia porque no es solo una figura jurídica, sino también una percepción social. Por eso, destacaba que cada vez más personas involucradas en procesos judiciales tienen asesores de comunicación y no solo legales.
Carolina Pina (Garrigues) suscribió esta visión, defendiendo que un abogado debe centrarse en sus procedimientos, y si el relato es necesario en la defensa, dejarlo en manos de expertos.
Desde su experiencia en LLYC, Alba García también señaló los riesgos que puede enfrentar la defensa o el propio cliente al mantenerse al margen del relato por miedo a enfadar al juez o a perjudicar el proceso cuando el caso es mediático.
“La partida mediática es una realidad y se juega. Por tanto, el que elige no decir nada se arriesga a que gane un relato ajeno” – Pedro del Rosal, El Confidencial.
¿Qué pueden hacer entonces abogados y periodistas para acabar con la perversa dinámica del clickbait?
Como abogadas, Carolina Pina y Natalia Gómez llamaron a reforzar las herramientas punitivas propias de una profesión colegiada para garantizar que se respete la confidencialidad de los procesos.
En lo referente a la labor del periodismo, todos coincidieron con Cristina Gallardo en la necesidad de un periodismo responsable, que explique todas las versiones de manera equilibrada y honesta.
Cristina Gallardo, Jefa de Tribunales en El Periódico de España
“Nos olvidamos de un aspecto de la información y es que forma parte del mercado del ocio. Hay un público para todo lo que no es información, sino ocio extraído de la información donde el titular más perverso vende más” – Milagros Calvo, exmagistrada del Tribunal Supremo.
Por este motivo, del Rosal finalizó con un llamamiento al consumo responsable de información por parte del lector para evitar alimentar la perversa rueda del clickbait con titulares sensacionalistas y condenatorios que transformen la información en un circo del entretenimiento.
Sin duda, un debate con muchas reflexiones del que se extraen conclusiones y aprendizajes relevantes en gestión de reputación y comunicación.
Desde LLYC agradecemos a todos los ponentes que compartieran con tanta apertura sus experiencias.
